Capítulo XIII: Las esperanzas de la CEDA (I)

Aun así, la derecha católica empezó el año a trompicones. La campaña sobre la represión siguió ocasionándole quebrantos, y se había abierto un foso entre Gil-Robles y el presidente, Niceto Alcalá-Zamora, mientras los monárquicos hostigaban duramente su política. Además, el Partido Radical, un tanto rutinario y sin muchas ideas, mostraba escasa voluntad de seguir el consejo reiterado por El debate: "Y ahora, a trabajar".

La CEDA abordó enseguida el problema agrario, para el cual disponía de un ministro, Manuel Giménez Fernández, imbuido de la doctrina social de la Iglesia y republicano abierto. A diferencia de quienes atendieron la reforma agraria en el primer bienio, Fernando de los Ríos y Marcelino Domingo, que desesperaban a Azaña por su ineptitud, y asustaron a los propietarios —no sólo a los grandes— más que beneficiaron a los jornaleros, Giménez conocía bien lo que se traía entre manos, era resuelto, y su jefe político le respaldaba.



Contra lo que alguna propaganda ha sostenido, la reforma agraria no fue abolida por Lerroux al llegar al poder a finales de 1933, sino mantenida bajo la gestión del competente ministro Cirilo del Río, el cual triplicó en 1934 el ritmo de asentamiento de colonos, en comparación con el primer bienio. Al llegar Giménez, empezó con el problema de los yunteros. Éstos poseían aperos y yuntas de mulas, pero no tierras, y en 1931 el gobernador de Extremadura los había asentado —ilegalmente-- en fincas ajenas y sin pagar renta a los dueños, quienes habían recurrido, pidiendo su expulsión. En febrero de 1934 los tribunales, rechazando los recursos, habían autorizado a los yunteros a seguir en las fincas solo hasta el otoño, plazo dado por el gobierno de Azaña (A).

A: Tuñón de Lara afirma que 28.000 yunteros fueron desahuciados en febrero de 1934, lo que suena improbable. Los yunteros no debían superar ese número, aunque R. de la Cierva los cifra en 40.000. Gil Robles habla de unos 20.000 en noviembre de 1934. (No fue posible la paz, p. 177 y ss). Lo arriba expuesto procede de E. Malefakis (1) .

Ante la miseria en que caerían al cumplirse el plazo, Giménez hizo prorrogar por un año la ocupación de tierras, con pago de renta, contra la cerrada oposición de monárquicos y agrarios. La medida debió de prorrogarse también luego, porque el general Queipo de Llano la refrendó al sublevarse en julio de 1936.

Resuelto a cambiar la anterior ley de reforma agraria, manifiestamente defectuosa, Giménez evitó no obstante romper bruscamente con lo antes hecho, y ordenó asentar 10.000 colonos para 1935; pocos, pero bastantes más que en 1932-33. Junto a ello, redujo drásticamente el inventario de tierras expropiables, demasiado amplio, que desvalorizaba millares de fincas con perjuicio para numerosos campesinos (B); impuso la indemnización por principio, también para las tierras de los "grandes de España", confiscadas revolucionariamente en el bienio azañista; fijó un máximo de extensión para una sola finca, etc.

B: Escribe Azaña en su diario el 10 de agosto de 1931: "También se ignora la cabida total de las fincas sometidas a expropiación. (…) Tal como va el proyecto nos apoderaremos de una tal masa de tierras que no tendremos braceros a quien dárselas, ni dinero ni crédito para que las labren, ni organización administrativa ni técnica para hacer la distribución" (2)

Esta "reforma de la reforma" mejoraba aspectos de la del primer bienio sin alterarla de modo fundamental, y probablemente tampoco tenía mucha viabilidad (3).

A medias le salió la Ley de Arrendamientos Rústicos, pieza clave de sus planes, diseñada para aumentar el censo de pequeños y medios propietarios en el centro y sur del país. Facilitaba condiciones favorables de arriendo y aparcería, un crédito agrario adecuado y el acceso a la propiedad del suelo, orientación similar a la de la Ley de Contratos de Cultivo, de la Generalidad, y que debería frenar las alteraciones campesinas. Pero chocó con la barrera de los monárquicos, el Partido Agrario y la Lliga, así como de un vasto sector de la propia CEDA, defensores a ultranza del derecho de propiedad, y animados además de un espíritu de revancha por el aire de trágala con que se había legislado en el primer bienio (C).

C: Suele citarse, como muestra del cerrilismo de aquellos diputados, la boutade del tradicionalista Lamamié de Clairac: "Como el ministro de Agricultura siga citando encíclicas de Papas para defender sus proyectos, yo le aseguro a usted que terminaremos haciéndonos cismáticos griegos"

Muchos propietarios querían desahuciar a los arrendatarios, y a menudo lo hicieron, con actitudes a veces desalmadas, que alimentaban los odios y hacían perder votos a la CEDA. Un boletín interno del partido llamaba a aquellos patronos "cómplices de la revolución"(4).

Tras mucho debate fue aprobada la ley, a mediados de marzo, pero "la triste verdad era que, en su última redacción, el magnífico proyecto de arrendamientos rústicos aparecía notablemente desfigurado", resume Gil- Robles. Revés muy sensible, pero no total, pues preceptos de la ley favorables a los campesinos pobres y sin tierra siguieron vigentes bajo el gobierno izquierdista del año siguiente, señala Gil-Robles (5).

Y a finales de marzo cesaba Giménez en su cargo, junto con los otros dos ministros cedistas entrados en el gobierno a principios de octubre anterior. Esta salida, en protesta por el indulto de González Peña, caudillo de la rebelión asturiana, era un coletazo de la insurrección izquierdista. Todavía en 1935 los rebeldes lograban, no obstante su derrota, provocar serias crisis.



La retirada de la CEDA duró un mes. Su fuerza parlamentaria le permitía volver, y lo hizo con nuevos bríos, a principios de mayo, obteniendo cinco ministerios en vez de los tres anteriores. Ello disgustó mucho al presidente, y más todavía que entre esos ministerios estuviera uno tan decisivo como el de la Guerra, y precisamente en manos de Gil-Robles. Pero la Bolsa subió. Muchos creyeron que por fin acababa el largo período de indecisiones y crisis desde finales de 1933, y que comenzaba una fase de estabilidad y energía.

Una preocupación del gobierno fue la instrucción pública, en la que, contra un tópico propagandístico, superó a la etapa izquierdista, aun sin salir de la mediocridad. El presupuesto aumentó en relación a 1934 (de 341 a 344 millones de pesetas), y más al primer bienio (251, 267 y 310 millones en 1931, 1932 y 1933 respectivamente). Como porcentaje de los presupuestos totales siguió muy bajo: 6,6 por ciento (7,08 en 1934), pero también por encima del primer bienio. La construcción de escuelas prosiguió a buen ritmo —algo inferior al del bienio azañista—, y el permiso a la enseñanza religiosa salvó el grave vacío educativo, creado por la legislación de 1931 (6).

La vuelta al poder permitió a la CEDA elaborar proyectos que debían mejorar la vida de los trabajadores y mitigar los rencores sociales. El ministro Federico Salmón puso a punto una ley de arrendamientos urbanos favorable a las familias modestas, así como inversiones y ayudas a los empresarios que creasen puestos de trabajo. Se trazó un ambicioso esquema de repoblación forestal, y un "gran plan de pequeñas obras públicas", diseñado por el valenciano Luis Lucia, con vistas a absorber el desempleo. Se trataba de comunicar el casi millar de pueblos y más de ocho mil aldeas y caseríos semiaislados, de llevar el agua a los tres mil que carecían de ella, de eliminar buena parte de los 16.000 pasos a nivel etc. (7)

Una falla de importancia consistió en que, en mayo, Gil-Robles no osó traer nuevamente a Giménez Fernández. La cartera de Agricultura pasó al Partido Agrario, que fijó para el Instituto de Reforma Agraria la asignación financiera máxima antes considerada mínima: 50 millones de pesetas. Esa cantidad reducía a casi nada la reforma, la cual, protestó la Falange, tardaría así 160 años en completarse. Fue aceptada en cambio la "utilidad social" de la propiedad, principio revolucionario más que reformista, observa el historiador Malefakis. Definitivamente la reforma agraria, suponiendo que fuera la verdadera solución para el campo español, no tenía suerte ni con las izquierdas ni con las derechas (8).



Otro asunto político quedó mal resuelto, al permanecer suspendido el estatuto catalán. Recuperó las competencias autonómicas, excepto el orden público, una Generalidad provisional encabezada por el radical Pich i Pon, hombre de origen humilde acusado de haberse enriquecido con la política y de ejercer un descarado amiguismo. La Esquerra supo capitalizar hábilmente la suspensión, pese a que ella misma la había provocado. Cambó opina que de haberse dado "satisfacción a Cataluña, se habría anulado por muchos años la fuerza de las izquierdas catalanas, sin cuyo concurso no era posible crear un movimiento revolucionario de izquierdas españolas. En este momento se pudo juzgar la incapacidad política de Gil Robles" (9). Complicó el problema una oleada de atentados y atracos anarquistas, que sólo remitió al declararse la ley marcial en la región, desde principios de julio a finales de septiembre.

En conjunto, las huelgas y violencias disminuyeron mucho, y el año resultó el mejor de la república en cuanto a orden público. Claro que se trataba de una paz social sumamente incierta, mantenida bajo el estado de guerra al principio, y de alarma después. El sosiego solo reflejaba la pasajera debilidad revolucionaria, y bajo la superficie crecía la agitación de los espíritus. De todas formas hubiera sido imposible calmarlos en tan poco tiempo.

Gil-Robles se dedicó a reforzar el ejército, punto absolutamente vital, en su concepto. Los vientos de guerra europea arreciaron en octubre, cuando Italia invadió Abisinia y aumentó el nerviosismo en el Mediterráneo, donde Mussolini apetecía las Baleares. La CEDA creía imprescindible un rearme en pro de "una auténtica neutralidad", la cual exigía "la posesión de la fuerza" para ser respetada (10). Pero probablemente pesaba aun más la experiencia de la pasada insurrección, ante la cual las fuerzas armadas, salvo las africanas, habían demostrado peligrosas inepcias. Vistos los anuncios de nuevas intentonas, Gil Robles quiso disponer de un ejército disciplinado y fiable.

Para ello emprendió otra "reforma de la reforma" azañista, si bien no alteró sus líneas maestras. Devolvió al ministerio de la Guerra la aviación, adscrita por Azaña a la presidencia del gobierno; recuperó los nombres tradicionales de los regimientos, eliminados por aquél; ante las tensiones mediterráneas fortificó concienzudamente la base naval de Cartagena, creó un centro de Estudios y Experimentaciones y mejoró la dotación de las tropas y hospitales. Quedaron sin cumplir sus planes para un sistema de movilización más ágil, y la importación de varios prototipos de aviones para ser fabricados en España, así como la compra de material pesado en Francia y Alemania. Tampoco le dio tiempo a restablecer la Academia Militar General, cerrada en el primer bienio pese a su prestigio dentro y fuera del país. El rearme, aunque intenso, duró poco, y finalmente resultó muy modesto a causa de las restricciones presupuestarias: en 1935 se gastaron en defensa (Guerra y Marina), 596 millones de pts., frente a los 693 millones de 1933 o los 616 de 1932. No dio tiempo a emplear un crédito extraordinario acordado (11).

No menor trascendencia debían de tener los cambios en los mandos y en el estilo y concepción castrenses. La reforma de Azaña racionalizó el ejército y con el tiempo hubiera mejorado su eficacia, pero de momento había tenido varios efectos negativos, debidos en parte a la política de republicanización del mando. Un arduo obstáculo a esa política nacía, como observaba con fastidio el propio Azaña, de la mediocridad profesional frecuente en los mílites republicanos. La promoción de ellos, a menudo masones, causaba desánimo e insatisfacción entre la oficialidad, la mayoría de la cual no se sentía especialmente republicana —ni monárquica—, y desaprobaba la arbitrariedad y el favoritismo que creía detectar en los nombramientos. Los escasos conspiradores monárquicos (D), agrupados en la asociación clandestina UME (Unión Militar Española) explotaban el descontento (12).

D: Un conciso y excelente balance crítico de la reforma azañista se encuentra en Ramón Salas Larrazábal, Los datos exactos de la guerra civil, pp 28 y ss.

Otro factor, difuso pero nada desdeñable, perturbaba a las fuerzas armadas: el talante antimilitar, más que antimilitarista, de las izquierdas (pese a que sus próceres habían intentado imponerse, en 1930, precisamente por medio de un golpe militar). Azaña solía usar un tono despectivo hacia el ejército, y con frecuencia los oficiales sufrían vejaciones o provocaciones callejeras, por no hablar de la agitación política en los cuarteles.

Con este panorama, Gil-Robles pudo afirmar que su gestión en Guerra restablecía las normas elementales de disciplina y orden. El principal asesor e inspirador de sus medidas fue Franco, nombrado jefe del Estado Mayor Central. Como subsecretario eligió al general Joaquín Fanjul, un vasco impetuoso, autor de estudios de sociología militar; y como Inspector General, y luego jefe de la aviación, a Manuel Goded, de prestigioso historial en África. Los tres figuraban entre los mandos más capaces, pero tenían también otras características. Fanjul era de convicciones monárquicas bien conocidas, y Goded algo más: un conspirador activo contra la república (lo había sido también contra la dictadura de Primo). Sin embargo no existen indicios de que los nombramientos respondieran a una decisión golpista.

NOTAS

1- M. Tuñón de Lara, La II República, II, Madrid, Siglo XXI, 1976, p. 21. R. de la Cierva, El fascismo y la derecha radical española, Madrid, ARC, 1997, p. 31. J. M. Gil-Robles, No fue posible la paz, p. 177 y ss. E. Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971, p. 396

2- M. Azaña, Memorias políticas, p. 96

3- J. M. Gil-Robles, No fue…, p. 169 y ss. E. Malefakis, Reforma… p. 397 y ss.

4- CEDA, abril de 1934

5- Gil-Robles, No fue… p. 181, 186

6- Anuario Estadístico de España, en R. Salas, Los datos exactos de la guerra civil española, Madrid, Drácena, 1980, p. 250. S. Payne, La primera democracia española, Barcelona, Paidos, 1995, p. 111-2

7- Gil-Robles, No fue… p. 266 y ss

8- Ib., p. 182. E. Malefakis, Reforma…, p. 412-3

9- F. Cambó, Memorias, Madrid, alianza, 1987, p. 462

10- Gil-Robles, No fue… p. 234

11- Gil-Robles, Cómo me encontré el Ejército y lo que quise hacer de él, folleto, 1936. P. Preston, La destrucción de la democracia en España, Madrid, turner, 1978, p. 260. R. de la Cierva, El fascismo y la derecha… p. 44. R. Salas, Los datos exactos…, p. 249

12- L. Lavaur, Masonería y ejército en la Segunda República, Madrid, 1997, p. 39 y ss

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