Capítulo III: Frustración y división de los vencedores de octubre

El gran problema, que a tantos inquietaba, de si la república sobreviviría a la insurrección de octubre, quedó resuelto a favor de la continuidad cuando la CEDA persistió plenamente en su política legalista. Pero a continuación se abría otro problema extremadamente serio: el del castigo de los insurrectos.

El 10 de octubre, en pleno auge de la rebelión asturiana, tenía lugar en Barcelona el primer juicio militar contra varios implicados. El caso más grave era el del comandante Enrique Pérez Farrás, acusado de rebelión militar y alta traición, y de iniciador de los disparos frente a la Generalidad, que habían ocasionado varias víctimas. Su condición de jefe del ejército le hacia acreedor a un trato más severo que el de los civiles, así que fue condenado a muerte, junto con el teniente coronel Ricart y el capitán Escofet.


Apenas conocida la sentencia, el cardenal Vidal i Barraquer, dirigentes de la Lliga Catalana, empezando por Cambó, y otros muchos personajes, enviaron al gobierno y al presidente de la república, Niceto Alcalá- Zamora, súplicas de clemencia a favor de Pérez. Ninguno de ellos parece haberse movilizado a favor de otro rebelde, Sanjurjo, en agosto de 1932, pese a que éste era, en principio, más afín a sus ideas. En todo caso el perdón, de concederse ahora, tendría la máxima repercusión, pues arrastraría el de los demás responsables del alzamiento, en especial los civiles.

Alcalá-Zamora estaba resuelto a impedir la ejecución de la sentencia. Ya el día 16 de octubre trató al convicto de “caudillo de las libertades catalanas”, en una nota oficial, según reseña Gil-Robles, y daba por hecho el indulto. Sin embargo no resultaría tan fácil. El articulo 102 de la Constitución rezaba: “En los delitos de extrema gravedad podrá indultar el Presidente de la República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable”. Y el gobierno no tenía intención de hacer la propuesta a favor de Pérez Farrás, aunque sí de Ricart y Escofet.

Ante ello, el presidente tomó la iniciativa, inconstitucional, de convocar a los ministros al palacio de Oriente, el día 17, con propósito de imponerles la clemencia. Preparó el escenario exhibiendo en una amplia mesa numerosos telegramas y cartas de petición de gracia, y luego habló casi tres horas seguidas, justificándose en la “potencialidad” de sus prerrogativas, que irían en aquel caso más allá de la espera pasiva a la propuesta de indulto. Recalcó especialmente que las ejecuciones crearían mártires, con todo su arrastre sentimental; en cambio la izquierda nacionalista se había hundido en el ridículo, “que es lo que más mata, y no convenía levantarla en la cumbre de la tragedia, lo que más realza”. Trató asimismo de quitar fuerza moral a los ministros, recordándoles que habían amnistiado al general derechista Sanjurjo “por un delito semejante” * (1).

*Dice Azaña sobre el caso de Sanjurjo: “La gente está empeñada en que se le mate. A la presidencia del Consejo han llegado tres mil telegramas, casi todos pidiendo la ejecución”. Azaña prefirió perdonarle la vida. (2)

Los ministros, varios de ellos opuestos por principio a la pena de muerte, vacilaban. "Todos veíamos la ventaja del Presidente. Mañana se diría que habíamos disputado como lobos hambrientos la cabeza de un hombre y que el único que había manifestado sentimientos humanos había sido Su Excelencia" , observa Lerroux, ya ablandado tras la visita de la esposa del condenado, "estatua de dolor" y de su hija adolescente que "se arrodilló a mis pies". "No conozco situación más difícil para la sensibilidad de un hombre que aquella en que yo me encontraba y en la que se han encontrado tantos gobernantes". Al final acordaron remitir al Tribunal Supremo el informe condenatorio. "Don Niceto se cogió al clavo ardiendo, pero luego se verá que quienes se quemaron fuimos nosotros", recuerda Lerroux. (3)

Los ministros de la CEDA rechazaban de plano la intromisión presidencial (4). Gil-Robles planteará: “¿Acaso no hubiera demostrado la CEDA tener una visión política más amplia y más certera si se hubiese sumado a la tesis del presidente de la República pensando en la futura pacificación del país? (...) En primer lugar, (con respecto a Sanjurjo) defendimos y logramos una amnistía encaminada a borrar la condena injusta de los ministros de Primo de Rivera, cuyo régimen había gozado de un indiscutible apoyo popular. El que la amnistía alcanzase (...) a Sanjurjo, con cuya rebeldía jamás habíamos tenido la más pequeña solidaridad ( ...) era una cuestión secundaria y una consecuencia forzosa. La revolución de octubre fue cosa muy distinta. Significó un ataque de los núcleos marxistas y sus cómplices (...) contra la legalidad constitucional que ellos mismos habían creado. Tampoco hay la menor paridad entre la sublevación de Sanjurjo, ahogada en pocas horas, y que apenas produjo más derramamiento de sangre que la de quienes secundaron al general, y los horrores de la revolución de Asturias (...). La revolución de octubre fue un intento fracasado de aplastamiento de un sector amplísimo de la sociedad española; un plan, que luego se repetiría, de aniquilamiento de una mitad de España por la otra media. La debilidad del poder público en ocasiones como ésta, acelera el proceso de descomposición en lugar de contenerlo" (4)

El dilema era real, pues si las ejecuciones creaban mártires, los indultos crearían héroes, dado el nulo arrepentimiento de los jefes rebeldes. Había un acento de desesperación en El debate cuando, el día 19, propugnaba: "No puede haber más que justicia. Llegan probablemente al millar las víctimas de la revolución*. En ninguno de los intentos subversivos ocurridos en nuestro país sucedió en tan poco tiempo cosa parecida (...) Nunca ha llegado entre nosotros a tal extremo la pérdida del sentido moral, la obsesión de destruir y matar, la borrachera del rencor ( ...) La tropa del crimen mueve a conmiseración y lástima; para los técnicos del crimen no puede haber más que justicia. Es absolutamente necesario, es nada menos que cuestión de vida a o muerte (subr. mío) acomodar a estas novedades de la revolución la actitud de la defensa ( ...) No son los revolucionarios los que, en fin de cuentas, ocasionan la ruina de los Estados, son los Poderes débiles".

* Sobrepasaron ampliamente el millar

La derecha recordando los sucesos de Rusia, estaba muy sobresaltada por la pasada insurrección. Aunque ésta apenas había durado dos semanas, y en la mayoría de los lugares unas horas o escasas jornadas, los rebeldes habían matado a decenas de clérigos y guardias prisioneros, ya varios empresarios y políticos. Cambó, en sus Memorias, se muestra convencido de que sólo la pronta derrota de la Esquerra y la negativa de Dencás a armar a la multitud habían salvado a los propietarios y al clero de una masacre como la que iba a ocurrir en 1936.

Por todo el país proliferaron enseguida apologías de la revolución y denuncias de la represión contra ella, con lo que la inquietud de la derecha rozaba a veces la histeria. El pensador vasco Ramiro de Maeztu escribía: “Ahí están las muchedumbres que se lanzaron a la huelga revolucionaria ( ...) y las ideas insensatas que las movieron. y aquí estamos todos los burgueses en las listas negras para que otra vez, cuando salgan mejor las cosas a los revolucionarios, se nos fusile en masa" (5). Palabras por lo demás proféticas, pues a los dos años casi justos su autor caería fusilado junto con otros miles de derechistas, en Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid, en la mayor matanza de prisioneros de la guerra*.

* Maeztu, próximo al anarquismo en su juventud, había vivido largos años en Inglaterra, donde influyó en el movimiento Guild Socialism y escribió, durante la guerra mundial, Authority, Uberty and Function in the light of the war, que le dio renombre, considerándole H. G. Wells un maestro del pensamiento de la época. Fue evolucionando en un sentido conservador, hasta propugnar un régimen de autoridad y jerarquía, dentro de un igualitarismo de tinte religioso.

El partido de la clemencia ganaba terreno en el gobierno. Se permitió que en el caso de Azaña y algún otro, sospechosos de complicidad en el golpe, prevaleciese su inmunidad parlamentaria. También Companys y sus consejeros obtuvieron librarse del tribunal militar, y ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales, al que tanto habían denostado (6).



Los rumores de indulto e "impunidad" provocaban ruido de sables. Gil- Robles, sumido en “angustiosa perplejidad" no sabía por dónde salir. "Si nos sometíamos a la coacción presidencial, quedaría impune el movimiento sedicioso (...) y la sangre derramada sería sólo precursora de mayores y más tremendas desgracias ( ...) El Gobierno que se doblegase a las presiones del señor Alcalá-Zamora quedaría destrozado moralmente (...) ante la opinión pública". Pensó en provocar una crisis haciendo dimitir a los ministros de su partido, pero dio esa batalla por "perdida de antemano" , ya que el presidente, "despechado", favorecería entonces un gobierno de izquierdas y disolvería las Cortes, perspectiva que para Gil-Robles equivaldría a un golpe de estado. No es fácil creer que don Niceto pudiese hacer tal cosa, pero Gil-Robles parecía convencido de ello (7).

En tan arduo aprieto, el jefe cedista recurrió al ejército, pese a que le “repugnaba” mezclarlo en la política. Sugirió a los generales Fanjul y Goded, de tendencia monárquica, que él no se opondría “si el Ejército hiciera saber al presidente su firme deseo de impedir que se vulnerara el código fundamental de la nación, según estaba a punto de hacerlo”. Esto era un chantaje similar al de la izquierda cuando advertía a Alcalá-Zamora que no toleraría ministros de la CEDA, y podía desembocar en un golpe de estado; si bien la presión izquerdista en octubre se hacía contra una medida perfectamente legal, mientras que Gil-Robles justificaba la suya en una actitud no constitucional del presidente. Pero los generales se inhibieron, influidos al parecer por Franco, quien detendría así por segunda vez un posible golpe militar.

El día 20, Fanjul y Goded comunicaron al jefe cedista que el ejército no estaba en condiciones de actuar, y aconsejaron a la CEDA resistir en el gobierno, tragándose el indulto de Pérez y otros (8).

Gil-Robles, lleno de amargura, claudicó. y así, sin tiempo para explotar o al menos saborear la victoria, el gobierno y la derecha se sumían en la depresión. Pero el mismo día en que los generales retrocedían, el Tribunal Supremo se pronunciaba contra el indulto, desairando al presidente. Según Lerroux, éste volvió a la carga sobre los ministros, con redoblado empeño. Según don Niceto no fue precisa esa segunda intervención (9). Los consejos de guerra continuaban y las penas de muerte pasaban de la veintena.

Entre reuniones y consideraciones en torno a la represión, el gobierno permanecía estancado, ofreciendo una estampa de falta de autoridad e iniciativa. Por fin, el 5 de noviembre, proponía a Alcalá-Zamora el indulto de veintiún sentenciados, Pérez Farrás entre ellos. Sólo dos serían ejecutados: un rebelde que en León había arrojado una bomba contra un vehículo de la Guardia Civil ocasionando varios muertos, y un muchacho de diecisiete años, delincuente común que había asesinado a un policía durante un atraco. Esta incoherencia agravaba con una imagen de injusticia la de debilidad que transmitía a la opinión pública.

Ese día, por la tarde, debatieron las Cortes las responsabilidades de la revolución y Gil-Robles aprovechó para pedir a la Cámara un voto de confianza al gobierno. Afirmó, en parte contra su convicción íntima, que más que sanciones graves importaba aplicar medios eficaces para que la rebelión no se reprodujera. Pidió todas las medidas sociales que soportase la economía, así como transformar la vida sindical para impedir las tendencias revolucionarias. Llamó también a las izquierdas y los socialistas a volver cuanto antes al parlamento “sin pretextos”, y a exponer en él su conducta. Exigió una clarificación de los sucesos de octubre “caiga quien caiga”, a fin de salvar las instituciones. “Estas Cortes durarán mucho tiempo”, vaticinó temerario.

Las izquierdas faltaban, por propia voluntad, al debate. Vidarte afirma que la mayoría de los diputados socialistas hubiera preferido “asistir y pechar con el chubasco”, pero Negrín le había disuadido al transmitirles la opinión de Largo Caballero -entonces en la cárcel- de que el gobierno podría “enfurecerse más” y “perjudicar a los compañeros presos” (10).

El diputado monárquico Goicoechea rebatió a Gil-Robles, extrañándose de la necesidad de un voto de confianza. Pidió justicia y criticó la desigualdad ante la ley entre los brazos ejecutores y los jefes de la revolución: “¿Cuál es la razón de ese género de predilecciones? ¿Es acaso el hecho de que muchos de los inculpados forman parte de organizaciones secretas a las cuales pertenecen algunos ministros de la República?”, preguntó en alusión transparente a la masonería. Advirtió que las medidas sociales no acunarían contra la revolución, pues la raíz de ésta se hallaba, a su juicio, en los sentimientos de “odio y envidia” sembrados por la agitación socialista y republicana. “¿Qué anhela el país entero para que no se reproduzcan catástrofes como la actual? Que desandéis todo lo andado desde el 14 de abril de 1931”

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NOTAS

1.- J. M. GiI-Robles No fue posible la paz, Barcelona, Planeta, 1998, p.137
A. Lerroux, La pequeña historia de España, Barcelona, Mitre, 1985, p.209 y 88 N. Alcalá-Zamora, Memorias, Barcelona, Planeta, 1998, p.333-4

2.- M. Azaña, Diarios, 1932-1933, “Los cuadernos robados”, Barcelona, Crítica, 1997, p.29

3.- A. Lerroux, La pequeña..., p.213-4

4.- J. M. Gil-Robles, No fue..., p.144-5

5.- ABC, 25 de octubre de 1934

6.- En J. Arrarás, Historia de la segunda república española III, p.16

7.- En J. M. Gil-Robles, No fue..., p.146

8.- Ibid., p.146- 7

9.- A. Lerroux, La pequeña..., p.230-1
N. Alcalá-Zamora, Memorias, p.616

10.- J. S. Vidarte, El bienio negro y la insurrección de Asturias: testimonio del entonces vicesecretario y secretario del PSOE, Barcelona, Grijalbo, 1978, p.307

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