Asalto a la privacidad financiera

Los tentáculos de la OCDE no se limitan, como los del Gran Hermano, a Oceanía sino que pretenden abarcar el mundo entero. Sólo Estados Unidos se interpone entre la OCDE y un cartel internacional de altos impuestos empeñado en acabar con la privacidad financiera de todo el mundo.

La OCDE quiere “armonizar” los impuestos, de manera que los europeos que sufren de altísimas tasas impositivas para mantener estados benefactores decadentes no puedan escapar con sus ahorros a ninguna parte. Usando el doblepensamiento orwelliano, la OCDE insiste que su objetivo es acabar con el incumplimiento de contribuyentes y con el lavado de dinero.

La realidad es que la propuesta de la OCDE está diseñada para permitirle a los gobiernos cobrar impuestos y confiscar la riqueza en cualquier parte del mundo. Un francés, por ejemplo, que pensando en su jubilación deposita su dinero en Suiza o en las Islas Caimán encontrará que su banco está obligado a reportar su dinero al gobierno francés. Y si Suiza, las Islas Caimán y otros 41 países que han sido estigmatizados como paraísos fiscales por la OCDE no quieren hacerlo, el proyecto es castigarlos aislando sus sistemas bancarios del comercio mundial.

El éxito del plan depende de la participación de Estados Unidos, ya que el Gran Hermano en la actualidad no podría aislar al sistema bancario norteamericano. Las autoridades estadounidenses titubean. El subsecretario de política impositiva del Tesoro, Mark Weinberger, ve “muchos elementos positivos” en el plan de la OCDE. Dice que sólo hay que asegurarse que el plan no tenga la consecuencia no prevista de convertir a la OCDE en una autoridad impositiva extraterritorial, imponiéndole leyes impositivas y tasas de impuestos a países independientes.

El Sr. Weinberger ya está hablando la neolengua de “1984”. El plan definitivamente impone tasas impositivas porque todos los “paraísos fiscales”, es decir, todos los países con impuestos más bajos que los estados benefactores europeos tendrían que retener impuestos a extranjeros según las tasas de sus respectivos países.

En el pasado se respetaba la privacidad; hoy es otra víctima de la “guerra contra el delito”. ¿Quién se acuerda de los tiempos cuando sus derechos eran más importantes que la guerra contra el delito?

El plan de la OCDE es otro paso en la erradicación del individuo. Justamente 1984 fue el año en que se promulgó en Estados Unidos la Ley de Decomiso (Comprehensive Forfeiture Act). Esa ley permite que la policía y los fiscales confisquen la propiedad de gente inocente por “causa probable”, es decir, con una simple declaración de que la propiedad facilitó alguna acción delictiva. Por ejemplo, si agentes federales organizan una trampa para atrapar a narcotraficantes en su propiedad, le pueden confiscar su casa o su empresa o su auto o su lancha por “facilitar” una transacción de drogas.

Un país libre no permite eso. En lugar de retenciones a las nóminas e impuestos sobre la renta, a la gente que vive en libertad se le permite acumular sus activos para lograr su propia independencia. Es irónico que en el siglo XX, cuando el desarrollo de la productividad y las instituciones financieras hicieron posible que casi todo el mundo lograra su independencia personal, los gobiernos impusieron sistemas impositivos para mantener a la gente tan dependiente del estado como eran los siervos medievales.

El individualismo se está volviendo un atavismo, al ser reemplazado por la persona regulada. A la persona regulada se le perdonan los malos modales y cualquier inmoralidad sexual; pero fuera de sus actos sexuales más nada es privado.

© AIPE

Paul Craig Roberts es columnista del Washington Times, fue subsecretario del Tesoro y es coautor de “Chile: dos visiones. La era Allende-Pinochet” (Universidad Andrés Bello, 2000)