El 20 de abril se produjo una explosión en una plataforma de la BP próxima a las costas de la Luisiana: murieron once personas y diecisiete resultaron heridas; además, se produjo un formidable desastre ecológico. Solamente en el Golfo de México hay cuatro mil plataformas petroleras operativas.
Los perjudicados por la catástrofe (tenemos aquí presente el lucro cesante y el daño emergente) deben tener expedito el camino ante la justicia para reclamar y obtener satisfacción de BP.
El Gobierno de EEUU, impulsado por los que tienen la manía de pedir siempre a los poderes públicos que hagan algo, ha tomado cartas en el asunto. Desde el Despacho Oval, Obama se refirió a la catástrofe haciendo uso de terminología bélica: así, se había elaborado un "plan de batalla" para hacer frente al "asalto" experimentado por las costas del sur del país. No fueron meras metáforas: el presidente norteamericano ha declarado la guerra a la energía basada en el petróleo, manifestado que su Administración adoptará las medidas necesarias para apostar por las fuentes de energía alternativas y decidido apropiarse 20.000 millones de dólares de la BP para hacer frente a los daños. Por su parte, el Comité de Energía y Comercio del Congreso ha increpado a los ejecutivos de la petrolera. Sus miembros no pretenden resolver así el problema, sino perpetrar discursos demagógicos.
Los políticos que se rasgan las vestiduras ahora son los mismos que no pueden siquiera administrar el correo a su cargo y los responsables de que EEUU tenga unos niveles de déficit superiores a los de Grecia, una deuda pública equivalente al 90% de lo que se produce anualmente en el país y una inflación que pone en riesgo el futuro del dólar. Cabe citar como excepción al congresista J. Barton, quien ha pedido disculpas al consejero delegado de BP por la "extorsión" de que ha sido objeto su compañía, y al ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, que opina que la Administración Obama se está comportando en ese asunto como si fuera el Gobierno venezolano.
Debe hacerse notar que el Departamento de Interior tiene, entre sus funciones, la supervisión de las actividades off-shore; pues bien, no solo no ha prevenido el desastre, sino que su fenomenal burocracia ha bloqueado la adopción de medidas de precaución como la construcción de vallas de contención, como había pedido el gobernador de Luisiana.
Algunos políticos han propuesto, en serio, prohibir las explotaciones off-shore; en la misma línea argumental, deberían prohibir el uso de automóviles o las operaciones quirúrgicas...
Respecto al discurso de Obama, debe señalarse que el Ejecutivo está para ejecutar las normas existentes, no para inventar o improvisar legislación sobre la marcha. Por otro lado, el presidente norteamericano reveló un desconocimiento superlativo del funcionamiento de la economía, puesto que las fuentes alternativas de energía dejarán de serlo cuando sean rentables. En los años 70, Carter decidió imponer controles de precios, lo que produjo... un aumento exponencial del consumo de petróleo e impidió que los precios incentivaran la exploración de fuentes eólicas, nucleares y solares.
Volviendo al caso Obama: llama poderosamente la atención que el Gobierno de los EEUU acabe un préstamo de 2.000 mil millones de dólares para operaciones off-shore de Petrobras, en la que invierte fuertemente George Soros, el empresario anti-capitalista que apoya a Obama y sugiere la inmediata estatización de todos los bancos.
A través de los antedichos mecanismos judiciales, deben resarcirse los daños de la forma más expeditiva posible; pero las regulaciones serán siempre un problema mientras no se resuelva el asunto de fondo, a saber, lo que en economía se conoce como "la tragedia de los comunes": lo que es de todos no es de nadie, y las medidas de prevención se degradan en la negociación política. Si alguien desea hacer un experimento en un campo de mi propiedad, tomaré todos los recaudos necesarios que las circunstancias permitan para evitar accidentes, pero si la propiedad es de todos, como ocurre con el mar, naturalmente, no solo se extinguirán las riquezas presentes en tal lugar, puesto que nadie se ocupará de vigilar su conservación, sino que abundarán las actitudes desaprensivas.
En la situación que nos ocupa, debemos estar atentos, puesto que, como hemos consignado al abrir esta nota, toda crisis es utilizada por los gobiernos para asaltar la privacidad y las libertades individuales. Así, después de la masacre del 11 de septiembre de 2001 la fatídica Patriot Act abiertamente vulneró el proceso debido y autorizó escuchas telefónicas y la vulneración del secreto bancario sin autorización de juez competente; ahora, con esta catástrofe ecológica, se acentúa el cercenamiento de los procesos competitivos, lo cual agrava la ya comprometida situación económica de Estados Unidos y, por ende, del resto del mundo libre.
© Diario de América
Los perjudicados por la catástrofe (tenemos aquí presente el lucro cesante y el daño emergente) deben tener expedito el camino ante la justicia para reclamar y obtener satisfacción de BP.
El Gobierno de EEUU, impulsado por los que tienen la manía de pedir siempre a los poderes públicos que hagan algo, ha tomado cartas en el asunto. Desde el Despacho Oval, Obama se refirió a la catástrofe haciendo uso de terminología bélica: así, se había elaborado un "plan de batalla" para hacer frente al "asalto" experimentado por las costas del sur del país. No fueron meras metáforas: el presidente norteamericano ha declarado la guerra a la energía basada en el petróleo, manifestado que su Administración adoptará las medidas necesarias para apostar por las fuentes de energía alternativas y decidido apropiarse 20.000 millones de dólares de la BP para hacer frente a los daños. Por su parte, el Comité de Energía y Comercio del Congreso ha increpado a los ejecutivos de la petrolera. Sus miembros no pretenden resolver así el problema, sino perpetrar discursos demagógicos.
Los políticos que se rasgan las vestiduras ahora son los mismos que no pueden siquiera administrar el correo a su cargo y los responsables de que EEUU tenga unos niveles de déficit superiores a los de Grecia, una deuda pública equivalente al 90% de lo que se produce anualmente en el país y una inflación que pone en riesgo el futuro del dólar. Cabe citar como excepción al congresista J. Barton, quien ha pedido disculpas al consejero delegado de BP por la "extorsión" de que ha sido objeto su compañía, y al ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, que opina que la Administración Obama se está comportando en ese asunto como si fuera el Gobierno venezolano.
Debe hacerse notar que el Departamento de Interior tiene, entre sus funciones, la supervisión de las actividades off-shore; pues bien, no solo no ha prevenido el desastre, sino que su fenomenal burocracia ha bloqueado la adopción de medidas de precaución como la construcción de vallas de contención, como había pedido el gobernador de Luisiana.
Algunos políticos han propuesto, en serio, prohibir las explotaciones off-shore; en la misma línea argumental, deberían prohibir el uso de automóviles o las operaciones quirúrgicas...Respecto al discurso de Obama, debe señalarse que el Ejecutivo está para ejecutar las normas existentes, no para inventar o improvisar legislación sobre la marcha. Por otro lado, el presidente norteamericano reveló un desconocimiento superlativo del funcionamiento de la economía, puesto que las fuentes alternativas de energía dejarán de serlo cuando sean rentables. En los años 70, Carter decidió imponer controles de precios, lo que produjo... un aumento exponencial del consumo de petróleo e impidió que los precios incentivaran la exploración de fuentes eólicas, nucleares y solares.
Volviendo al caso Obama: llama poderosamente la atención que el Gobierno de los EEUU acabe un préstamo de 2.000 mil millones de dólares para operaciones off-shore de Petrobras, en la que invierte fuertemente George Soros, el empresario anti-capitalista que apoya a Obama y sugiere la inmediata estatización de todos los bancos.
A través de los antedichos mecanismos judiciales, deben resarcirse los daños de la forma más expeditiva posible; pero las regulaciones serán siempre un problema mientras no se resuelva el asunto de fondo, a saber, lo que en economía se conoce como "la tragedia de los comunes": lo que es de todos no es de nadie, y las medidas de prevención se degradan en la negociación política. Si alguien desea hacer un experimento en un campo de mi propiedad, tomaré todos los recaudos necesarios que las circunstancias permitan para evitar accidentes, pero si la propiedad es de todos, como ocurre con el mar, naturalmente, no solo se extinguirán las riquezas presentes en tal lugar, puesto que nadie se ocupará de vigilar su conservación, sino que abundarán las actitudes desaprensivas.
En la situación que nos ocupa, debemos estar atentos, puesto que, como hemos consignado al abrir esta nota, toda crisis es utilizada por los gobiernos para asaltar la privacidad y las libertades individuales. Así, después de la masacre del 11 de septiembre de 2001 la fatídica Patriot Act abiertamente vulneró el proceso debido y autorizó escuchas telefónicas y la vulneración del secreto bancario sin autorización de juez competente; ahora, con esta catástrofe ecológica, se acentúa el cercenamiento de los procesos competitivos, lo cual agrava la ya comprometida situación económica de Estados Unidos y, por ende, del resto del mundo libre.
© Diario de América