La clave de estos cambios era el estatuto de autonomía. En el primer bienio las izquierdas se opusieron al estatuto vasco, recelosas de un “Gibraltar vaticanista”. Después fueron las derechas, puesto que el PNV declaraba sin ambages su deslealtad al futuro estatuto, al que consideraba sólo como una palanca que le abriera la puerta a la secesión (de manera similar a como buena parte del PSOE había considerado la república como un instrumento para llegar a una sociedad socialista). Pero en 1934 la izquierda estaba dispuesta a aliarse con cualquier fuerza que le ayudara a echar a la derecha del poder.
Ya hemos visto cómo el PNV secundó en junio la rebeldía de Companys, ausentándose de las Cortes. En ese mes, los sabinianos incubaron su propia maniobra desestabilizadora. El pretexto fue una rebaja de tasas sobre el vino, que buscaba dar salida a los excedentes vinícolas del año anterior. Muchos alcaldes vascos protestaron, no sin razón, pues la norma mermaba sus ingresos y parecía vulnerar el concierto económico. Los nacionalistas se mostraron despectivos y retadores hacia la autoridad, como explica Aguirre en sus memorias: “Madrid dispone y quiere aplicar. El país protesta. Madrid retira lo dispuesto. Cuando la actitud suplicante es sustituida por la enérgica, entonces el Gobierno empieza a desdecirse de sus acuerdos y a prometer respeto a nuestro derecho. Así hoy, para volver de nuevo a las andadas”. Tras varias ideas y venidas, el gobierno Samper accedió el 3 de julio a revisar los impuestos.
La cuestión parecía en vías de arreglo, pero la izquierda levantó un nuevo problema, que el PNV acogió de inmediato con entusiasmo. La administración de las provincias era ejercida por comisiones gestoras designadas por el gobierno, en lugar de por políticos elegidos. La anomalía databa de la dictadura, y la república no la había corregido. Al contrario, las izquierdas la habían aprovechado para nombrar sus propias comisiones gestoras, en lugar de organizar elecciones a las diputaciones. Ante la exigencia de comicios por los carlistas, Prieto se había negado explícitamente.
Sin embargo, lo que no parecía grave en el bienio izquierdista, se volvió absolutamente intolerable cuando las derechas en el poder siguieron la misma inercia. Aguirre dirá pomposamente: “Euzkadi no podía resistir con dignidad un régimen gubernativo sólo concebible para países coloniales, donde hasta los más elementales derechos de los pueblos son desconocidos”. Cierto que los vascos habían tolerado sin mucha protesta aquella situación “colonial” —que afectaba exactamente igual al resto de España—, cosa que dolía a Aguirre, porque “un pueblo que en estas circunstancias enmudece es un pueblo que ha perdido el honor”. En ese caso el PNV, que sólo había protestado débilmente, también debía de haber perdido bastante honor. Pero ahora pensaba recuperarlo, y para ello lanzó “un grito de rebeldía”, “una campaña vigorosa” contra “aquella situación de protectorado, propia de países inferiores”, mezclando la cuestión con la del vino y la del concierto, pese a la actitud conciliadora del gobierno.
Nuevamente coincidían en la acción los sabinianos, la Esquerra, los republicanos de izquierda y los socialistas. La agitación cobró extrema virulencia, y circulaban llamamientos como “Si hay algo que no se pierde jamás es la sangre vertida por una causa justa”.
El 5 de julio una asamblea de alcaldes, en Bilbao, convocó para el 12 de agosto la elección de una comisión que defendiera el concierto económico. La comisión podía entenderse como un organismo técnico o como una iniciativa ilegal. El gobernador de Vizcaya, Ángel Velarde, apenas reparó en ello, pero según la agitación aumentaba y se tornaba más subversiva, prohibió la votación por sediciosa y por vulnerar, como era cierto, las competencias municipales. Las izquierdas y el PNV mantuvieron retadoramente su decisión, y la tensión política creció todavía. La derecha en Madrid clamaba: “Lo que en realidad apoyan las izquierdas y el socialismo es el desorden, el intento de una sedición separatista. Buscan el conflicto con el Gobierno y no les importa incorporarse a una fingida protesta por irregularidades que ellos mismos han mantenido y explotado durante más de dos años”.
La elección del 12 de agosto debía abrirse, provocadoramente, con un homenaje al líder separatista catalán Maciá, cuyo nombre impondrían a una avenida en Bilbao. Pero el gobernador Velarde hizo abortar la ceremonia e impidió las votaciones. Un número incomprobable de ellas se realizó de forma clandestina, jugando al escondite con la policía, y, cuenta Aguirre: “La represión adquirió en el país vergonzosos caracteres, impropios hasta de países semisalvajes”. La terrible represión consistió en el arresto de 40 alcaldes y 53 concejales, la imposición de multas, que no eran pagadas, y la destitución de cargos, que no eran cubiertos, provocándose deliberadamente un caos administrativo. La Esquerra y diversos ayuntamientos de izquierda, como Zaragoza y Oviedo, proclamaron su apoyo a quienes desobedecían la ley. Prieto, Negrín y el republicano Manuel Andrés fueron a Bilbao a manifestar su solidaridad y, llevando más allá el desafío, Prieto convocó para el 2 de septiembre, en Zumárraga, una asamblea de parlamentarios y alcaldes, que el gobierno declaró ilegal y sediciosa.
Pero el PNV no las tenía todas consigo. Quería por una parte intimidar y debilitar al gobierno, pero por otra temía verse desbordado por las izquierdas, y, a espaldas de ellas, buscaba en Madrid una solución favorable. Aguirre y Horn, jefe de sus parlamentarios, viajaron a la capital, donde Samper les acogió, admitirá Aguirre, “con comprensión y simpatía”, prometiéndoles elecciones provinciales para sustituir a las gestoras a la vuelta del verano, y confirmándoles la revisión de las tasas sobre el vino. El acuerdo parecía posible, pero el 27 Aguirre escribía a Samper una carta en términos conminatorios, amenazando con llevar a cabo “sin vacilar, la asamblea de parlamentarios y otras medidas más graves”, para proponer luego que, mientras no llegaban las elecciones, las gestoras dimitieran y los alcaldes nombraran otras gestoras. Éstas serían aceptadas oficialmente por el gobernador, con lo cual, aseguraba Aguirre, todos quedarían contentos sin que sufriese la autoridad gubernamental.
La maniobra estaba demasiado clara: el gobierno cedía en toda regla, con un simulacro de autoridad al nombrar las gestoras impuestas por los alcaldes, y el PNV y las izquierdas se asegurarían el dominio de los organismos provinciales, una evidente ventaja de cara a las elecciones previstas para el otoño. Samper quiso hacerles ver lo absurdo de una propuesta que implicaba “un sacrificio baldío del principio de autoridad”. Y sugería: “Existe una ley, ¿por qué no cumplirla mientras no venga a dictarse otra en su lugar? Las concesiones del gobierno son éstas: primera, intangibilidad del Concierto económico; segunda, no tratar nada que afecte a este Concierto en las comisiones gestoras interinas; tercero, suspender de derecho la exacción de impuestos sobre la renta; cuarta, mover todos los resortes para que se produzca la norma legislativa que permita a las provincias vascas realizar el nombramiento de los gestores. ¿Qué más puede hacer el Gobierno? ¿No será mejor resolver el asunto con un espíritu comprensivo cuando se tiene enfrente la brevedad de un plazo cuyo próximo término ha de conjurar todas las dificultades”?
Tan amplias concesiones debieron haber calmado al PNV, pero éste redobló su intransigencia. ¿Por qué? Aguirre explica que no creía cumplibles aquellas promesas porque cuando se reunieran las Cortes “era segura la caída de Samper”. Y si no segura, ciertamente muy probable, debido al acoso inmisericorde que el gobierno sufría, de las izquierdas y del propio PNV. Los nacionalistas percibían la debilidad del ejecutivo, y probablemente pensaban que lo que pudieran sacar de él tendrían que hacerlo antes de que reabriera el Parlamento.
Por entonces los sabinianos estrecharon fuertemente los lazos con la Esquerra. Telesforo Monzón viajó a Barcelona donde prometió: “Cuando reciba el telegrama de Dencás diciéndome que ahí os habéis echado a la calle, nosotros también nos lanzaremos sin vacilar”. Más tarde negó la autenticidad de la frase, pero fuera real o no, las relaciones eran estrechas y clandestinas. La Guardia Civil, informa Salazar Alonso, ministro de la Gobernación, detectó emisoras clandestinas en la consejería de Dencás, en Barcelona, que comunicaban en clave con otras de Bilbao, aunque no pudieron descifrar los mensajes.
Mientras tanto, la situación se ponía al rojo vivo ante la asamblea de Zumárraga, que trataremos en el próximo artículo, final de esta serie.