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DIGRESIONES HISTÓRICAS

1934: Algunos paralelismos con la actualidad (y 7)

Según se acercaba la concentración sediciosa de alcaldes y diputados convocada en Zumárraga para el día 2 de septiembre en desafío al gobierno, la presión política en Vascongadas, Cataluña y Madrid parecía a punto de provocar una gran explosión, mientras menudeaban los choques callejeros entre grupos opuestos, los atentados y llamamientos revolucionarios.

Según se acercaba la concentración sediciosa de alcaldes y diputados convocada en Zumárraga para el día 2 de septiembre en desafío al gobierno, la presión política en Vascongadas, Cataluña y Madrid parecía a punto de provocar una gran explosión, mientras menudeaban los choques callejeros entre grupos opuestos, los atentados y llamamientos revolucionarios.
Irujo, diputado del PNV, declaraba jactanciosamente: “Estamos en franca, abierta y declarada rebeldía”, y Samper lamentaba tal actitud, “que el gobierno no puede tolerar, y se duele de que sean precisamente diputados los que amparen tal rebeldía”. En un último gesto conciliador, el gobierno aceptó la presencia de diputados, pero anunció que impediría “incluso por la fuerza” la asistencia de alcaldes, cuya asamblea debía nombrar nuevas gestoras provinciales o adoptar otras decisiones no bien precisadas, y a quienes los diputados rebeldes pretendían amparar. La Esquerra advertía amenazadoramente: “Si es lo bastante inconsciente para enfrentarse a la voluntad popular, allá el gobierno con su responsabilidad. Puede ser tremenda”. El PSOE anunciaba, en el mismo tono, que “el conflicto entra en una fase de violencia mayor”.
 
Zumárraga amaneció tomada por miles de enardecidos socialistas y peneuvistas, mal contenidos por numerosas fuerzas policiales. Los diputados del PNV, los de la Esquerra catalana, algunos de otros partidos, y los alcaldes, formaron comitiva que, escribirá Aguirre, “llegó, empujando virilmente, hasta el Ayuntamiento donde un fuerte cordón de guardias de asalto impedía la entrada. Y entonces, en un último esfuerzo, pasando por encima de los que defendían las puertas cerradas, se abrieron las hojas”. La realidad fue menos épica: la policía permitió el acceso, como estaba previsto, a los diputados, pero lo impidió a los alcaldes. El gobernador civil de Guipúzcoa, Muga, entró en el local e instó a Prieto y a Horn a suspender la asamblea. Se oyeron incitaciones a tirarle por la ventana. El drama parecía servido, que diría hoy un célebre político.
 
Pero no ocurrió nada. Los diputados, sin los alcaldes, se desconcertaron y no supieron bien qué hacer. Prieto salió del paso gritando: “¡Municipios! ¡Uníos y dictad normas desde los sillones consistoriales o desde las mazmorras, que serán cumplidas!”. Y tuvieron que irse sin tomar acuerdos, desinflándose así la enorme agitación  ante la respuesta algo firme del gobierno.
 
Para desquitarse, en los días siguientes los diputados de la Esquerra fueron paseados por distintos pueblos entre exaltaciones nacionalistas. Hubo altercados con vecinos y veraneantes que repudiaban los mueras a España, tratada en las octavillas como “esa mezcla híbrida de razas”, “opresora de hombres ilustres”, sin faltar llamamientos a las armas. La violencia verbal antiespañola creaba malestar en medios socialistas, y el influyente diario asturiano Avance, de la UGT, se vio en el caso de orientar a la opinión, bajo el título de “Muera España”: “Vamos a dejarnos de convencionalismos. Respeto no nos merece la patria española ni ninguna. Con la patria española no tenemos nada que ver la inmensa mayoría de los españoles. España es patria del rico holgazán, no del trabajador pobre. Del general, no del soldado. La patria española es infamia. De modo que no hay que escandalizarse por un muera más o menos”. Sí les merecía respeto una patria: se hizo frecuente en las izquierdas replicar a los vivas a España con vivas a Rusia.
 
El día 4, en Guernica, culminó la agitación, y una carga policial disolvió a los diputados y sus seguidores. El gobierno calificó los incidentes como un alarde de “heroísmo ridículo” del PNV contra los funcionarios policiales, y advirtió que “sancionaría enérgicamente a los promotores” de disturbios. En realidad se trataba de simples desahogos de socialistas y nacionalistas por el fracaso de Zumárraga.
 
La actuación del gobierno, algo enérgica a última hora, había echado por tierra unas maniobras de desestabilización y chantaje político que culminaban una serie de campañas sostenidas sin tregua desde junio, en las que se habían unido y relevado los socialistas, los nacionalistas catalanes y los vascos. Sin embargo esa momentánea energía volvió a desaparecer, como lo había hecho después de abortar la huelga campesina de junio, y a lo largo de septiembre proseguirían los preparativos revolucionarios hasta estallar en octubre en una insurrección planificada textualmente como guerra civil, y protagonizada por el PSOE, la Esquerra, los comunistas y parte de los anarquistas. El PNV pareció a punto de participar también, pero esperó un par de días a ver quiénes ganaban, y al ver que no eran los rebeldes, se abstuvo. Más imprudentes resultaron los republicanos, que se precipitaron a anunciar su apoyo político a la rebelión, para luego hacerse los olvidadizos.
 
La semejanza entre aquella situación y la actual, si excluimos la violencia abierta, me parece evidente. Se trató de movimientos contra la unidad de España y contra la democracia, pues mediante una constante agitación en la calle trataban de expulsar del poder a quienes lo habían ganado en las urnas. Actuaron unidos los socialistas, los comunistas y los nacionalistas vascos y catalanes. Utilizaron para protestar diversos pretextos, exigiendo cada vez más e impidiendo todo acuerdo, y, percatados de la debilidad del gobierno, le acosaron sin tregua acusándolo de “fascista”, tanto más cuantas más concesiones hacía. Todo esto se repite ahora. Y bastó la aplicación de la ley con un poco de energía para que la subversión retrocediese en dos ocasiones, en la huelga agraria y en la asamblea de Zumárraga. De haber sido aplicada con mayor rigor y constancia, es probable que la insurrección de octubre no hubiese llegado a estallar, evitando la guerra civil.
 
Actualmente presenciamos una oleada de incumplimientos de la ley por parte de todos esos grupos, manifestada en las violencias del Prestige y de la guerra de Irak, en la desobediencia a los jueces, en la protección a los terroristas y los cambalaches con ellos, etc. Es un socavamiento constante, a veces solapado, otras veces desafiante, del edificio democrático laboriosamente construido por consenso en la transición. Será bueno recordar que nada desmoraliza más a una población, ni anima más a los enemigos de la libertad, que la falta de energía de un gobierno en el cumplimiento de la ley, el cual debe acompañarse de una explicación clara que desbarate la demagogia.
 
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