El 21 de marzo, durante la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el presidente de Costa Rica demandó mayor apertura comercial para los países pobres. Señaló: "Vemos con preocupación cómo los aranceles que enfrentan las exportaciones de los países más pobres son casi el doble de los que en promedio se aplican a las del resto las naciones". Mientras pronunciaba su discurso en Monterrey, en San José, Peter Brenan, el agregado comercial de la embajada estadounidense en Costa Rica, manifestaba la preocupación de su gobierno por la imposición en Costa Rica de altísimos aranceles a la importación de arroz. Costa Rica había negociado en la Organización Mundial del Comercio un arancel máximo del 35%, pero recurrió al Acuerdo sobre Salvaguardias, y el 6 de marzo elevó el arancel para arroz pilado al 62% y el 18 de marzo lo elevó nuevamente al 87,8%. Además, impidió el ingreso de 27.000 toneladas de grano en granza estadounidense. ¿Doble discurso? ¿Inconsistencia?
Además del argumento de los subsidios en países desarrollados, los aranceles y la violación del derecho a la libertad comercial han sido justificados sobre la base a un sofisma muy popular entre nosotros. El falso razonamiento consiste en afirmar, con la vehemencia y la convicción del ignorante, que el hecho de que los precios al consumidor no bajan cuando se permite una importación de arroz es prueba irrefutable de que el libre comercio no funciona, pues sólo beneficia al importador/comerciante en lugar de al consumidor, como argumentamos los defensores de la libertad. Tal razonamiento es falso, ya que sólo permitir ocasionalmente la importación de arroz no tiene nada que ver con libre comercio.
El culpable de la desgracia del consumidor no es el comerciante, sino el gobierno y su nefasta política arrocera. Los jerarcas fijan un precio doméstico alto y luego dan permiso al comerciante para importar el faltante, el cual también se vende a ese precio. Entonces, inexplicablemente, pegan el grito al cielo cuando el importador cobra el precio alto. Al fin y al cabo, el importador no es una institución de beneficencia, sino un empresario que, como los demás individuos, quiere obtener el mayor retorno posible a su inversión.
A propósito de beneficencia, el gobierno tampoco trata compasivamente al consumidor cuando el Consejo Nacional de la Producción cumple el rol de importador. Siempre cobra el precio alto. En realidad, nadie está a favor del consumidor. Todos quieren quitarle algo: el empresario agrícola quiere que le pague el doble, el comerciante no le rebaja el precio (no necesita hacerlo) y el gobierno le saca la sangre con aranceles y otras barreras al comercio. Indudablemente que el único aliado del consumidor es el libre comercio y la libre competencia.
Otro gallo cantaría si el gobierno no fijara ningún precio y la importación de arroz fuera libre, ya que la planificación de los importadores y la competencia entre ellos harían que el precio interno se acerque al precio internacional.
En conclusión, el libre comercio es la política moralmente correcta: respeta el derecho de los productores a exportar el fruto de su labor y el de los consumidores a importar bienes con el producto de su trabajo. Es, además, la política económicamente correcta, por dos razones: (1) porque beneficia a los productores más importantes de cualquier país o sociedad: los productores de bienestar, es decir, cada uno de los hogares; y (2) porque obliga a los demás productores (los agrícolas en este caso) a mejorar su proceso de toma de decisiones, con grandes beneficios para ellos mismos. ¡Viva el libre comercio!
Rigoberto Stewart es director del Instituto para la Libertad y el Análisis de Políticas Públicas.